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Hace falta una política de estado para atender las consecuencias de las inundaciones |
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Un informe elaborado por Arturo Navarro “Consultores Agropecuarios” plantea el escenario actual debido al cambio climático |
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1/1/2008 |
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Las graves inundaciones que están ocurriendo deberían servir como última advertencia para que el país tenga en lo inmediato una Política de Estado para cubrir los riesgos climáticos y económicos de sus productores agropecuarios. Las dirigencias políticas y sectoriales tienen la obligación y la responsabilidad de incluir este tema en su agenda de discusión como asunto estratégico para poder concretar un sistema institucionalizado y permanente, que sirva para atender los graves problemas que causan las inundaciones.
Los desastres y catástrofes como las actuales necesitan contar con un fondo específico que actúe en forma inmediata. En los períodos sin eventos climáticos el tema no es prioritario para su tratamiento y suele dormir en los despachos y comisiones pero cuando llegan las crisis, muchos se apuran a sancionar disposiciones o leyes coyunturales de difícil y concreta efectividad.
Ante estos hechos tan graves, no alcanza con la ley de emergencia agropecuaria y de seguros agropecuarios. Son eventos no predecibles y es función del Estado atenderlos con recursos dispuestos para tal fin. Los seguros agropecuarios tienen la importante virtud de achicar las pérdidas de los productores porque es el único sistema que les reintegra lo invertido.
Los tres instrumentos que una Política de Estado en este rubro debería contener son:
• Una nueva ley de emergencia agropecuaria
• Una política de seguros agropecuarios
• Un fondo permanente para atender los desastres y las catástrofes no previsibles.
Se debe asumir que por muchos años tienen que complementarse estos tres instrumentos y, en función de la experiencia y el seguimiento de un trabajo institucionalizado en conjunto -público y privado-, definir el mejor sistema para atender los cambios climáticos y económicos que vienen sucediendo en estos últimos años y que se agravarán por el calentamiento global.
Los países que más rápido avanzaron en este tema instrumentaron mecanismos directos o indirectos para generalizar el uso del seguro sin que el sistema sea obligatorio. Entre ellos, puede mencionarse la excepción de impuestos y el subsidio directo a la prima, como algún otro método que induzca el uso del seguro. Incluso, los países más avanzados dispusieron que para atender con fondos públicos los desastres o las catástrofes de un productor, éste tiene la obligación -para poder cobrar ese beneficio-de tener asegurados todos los bienes en sus predios.
Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado un sistema mixto (público-privado) que hacerse responsable de atender en forma directa y con sistemas obligatorios los riesgos climáticos.
Como primera prioridad hay que cambiar la vocación aseguradora del ciudadano con una campaña masiva de comunicación para que aumente el uso del seguro en general. Para que un sistema de seguro moderno sea efectivo tiene que evitar la auto-selección por zonas o cultivos, implementando políticas nacionales y provinciales que permitan ir generalizando su uso en todas las producciones con coberturas que respondan a un rigor técnico y sean económicamente accesibles al productor.
Todos los países desarrollados y los países en desarrollo que tienen programas específicos para sus productores aplican este tipo de políticas activas porque no van en contra de ningún sistema económico. Todo lo contrario: potencian los intereses del conjunto de la comunidad por la mayor producción y exportación. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la OMC, con subsidios de hasta 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta 80% en el seguro colectivo a un grupo de pequeños productores.
El accionar y la imaginación de la actividad privada permitió llegar a cubrir el 40% del área sembrada en el último ciclo medido. Para pasar a una meta del 60% del área sembrada se necesitan políticas activas del Estado. Como ejemplo de lo expresado sirve la experiencia de la sinergia del sector público y el privado que está actualmente en vigencia en la provincia de Mendoza para cubrir los riesgos del granizo.
Por todo lo expuesto, no debe ni puede seguir soslayándose esta necesidad que el país tiene de contar con fondos anticíclicos. No es una propuesta que implique sacrificar recursos fiscales al Estado, sino que siginifica darle previsibilidad al productor y a la producción, lo que a su vez le permitirá al Estado contar con mayores recursos para implementar acciones que achiquen la brecha entre ciudadanos pobres y ciudadanos ricos.
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